Las empresas se preparan para la nueva Ley de Protección de Informantes
El Gobierno acaba de aprobar el proyecto de ley para proteger a las personas que informen sobre infracciones en nuestro país. Esta normativa, que transpone la Directiva Whistleblowing, contempla medidas de protección a las personas que den a conocer infracciones normativas y de lucha contra la corrupción. El objetivo es evitar represalias para los informantes, daños de reputación o pérdidas económicas.
Para ajustarse a la normativa, las empresas deben implantar sistemas de información que garanticen la confidencialidad y seguridad de sus empleados con el fin de evitar sanciones que podrían alcanzar hasta el millón de euros, para los casos más graves.
Con el fin de dar a conocer las particularidades de esta normativa, la nueva Ley de Protección de Informantes será el eje central de un evento organizado por la Cámara de Comercio de Madrid, junto a EQS Group. La cita será el próximo miércoles 21 de septiembre, a las 9.30 horas, en formato online, bajo el título de ‘La Nueva Ley de Protección de los Informantes en España’.
La sesión pretende ofrecer información práctica y consejos para que las compañías de la región se vayan adaptando a un cambio en términos de seguridad y protección para los empleados. Así, todas las organizaciones, tanto públicas como privadas, con más de 50 empleados deben poner en marcha un sistema interno de información seguro y confidencial para garantizar la máxima protección de los alertadores contra represalias como discriminación, acoso o pérdida de puestos de trabajo.
En el evento intervendrán Marcel Solanas, Account Executive de EQS Group, y Valentina Borgia, Sales Development Representative de la compañía, que despejarán dudas ante la puesta en marcha de esta normativa y explicarán cuál es la obligatoriedad de utilizar estos canales, qué tipo de infracciones se pueden gestionar o de qué modo se tienen que comunicar de forma interna estos sistemas garantizando la confidencialidad, anonimato y seguridad.
Denuncias contra operaciones
Según ha explicado el Gobierno, por esta normativa, cualquier ciudadano o funcionario público podrá denunciar las operaciones, subvenciones y adjudicaciones sospechosas, incluso de manera anónima, una novedad que se ha introducido "teniendo en cuenta que el Tribunal Supremo ya admite las denuncias en vía penal anónimas en nuestro sistema y considerando que, además, las denuncias anónimas siempre tienen una especial valoración en vía probatoria", ha señalado la ministra de Justicia, Pilar Llop.
Además, con la finalidad de establecer garantías contra informaciones falsas o delaciones espurias, que pueden generar un grave daño a personas, instituciones públicas o empresas, se sancionará la comunicación o revelación pública de información a sabiendas de su falsedad.
El régimen sancionador contempla, por ejemplo, amonestaciones públicas, la prohibición de obtener subvenciones o de contratar con la Administración Pública y multas que podrán ir de 1.001 a 300.000 euros en el caso de personas físicas y de 10.001 a 1.000.000 de euros en el caso de las jurídicas, indican desde el Gobierno.